En diciembre de 2023, el Consejo Europeo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional sobre la primera legislación europea con respecto a la inteligencia artificial, conocida como la Ley de IA. Esta normativa, basada en la propuesta de 2021 de la Comisión Europea, marca un hito importante en la regulación mundial de la esta nueva tecnología.
En términos de regulación, el año 2024 tendrá dos partes bien diferenciadas.Hasta las elecciones europeas, que tendrán lugar a mediados de año, las autoridades se centrarán en alcanzar acuerdos sobre estándares abiertos, lo que podría suponer un avance significativo en muchos ámbitos. Después de esa fecha, hay más incertidumbre sobre la agenda de trabajo que definirán las nuevas autoridades europeas, pero se espera que su actividad sigan en la misma línea.
Las principales áreas de trabajo se espera que sean la «digital», con el Reglamento MiCA, la inteligencia artificial, las finanzas abiertas, la PSD3 y los pagos instantáneos, y la vertiente de la «sostenibilidad», que incluye la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD) y el greenwashing.
La Ley de IA afectará tanto al sector público como al privado, aplicándose a los proveedores y desarrolladores de tecnologías de IA establecidos en la Unión Europea, y a los que ofrezcan servicios a ciudadanos de la UE, independientemente de su establecimiento físico.
El reglamento clasifica las aplicaciones de IA en función de los niveles de riesgo, imponiendo diversas obligaciones a los desarrolladores y distribuidores en función del tipo de aplicaciones que comercialicen o utilicen.
Entre las prácticas prohibidas, figuran la elaboración de perfiles sociales, las técnicas de identificación biométrica en espacios públicos y el reconocimiento de emociones en lugares de trabajo o instituciones educativas. Por su parte, las aplicaciones de alto riesgo abarcan el control de infraestructuras críticas, la formación educativa o profesional, el empleo, la aplicación de la ley, la migración, la gestión del asilo, el control de fronteras, la administración de justicia y los procesos democráticos. Las aplicaciones de alto riesgo deben someterse a una evaluación de conformidad con el reglamento y notificarse a las autoridades competentes.
Para las aplicaciones de IA de uso general, la transparencia del sistema es una obligación primordial, ya que garantiza que los usuarios sepan que están interactuando con una máquina.
La aplicación de esta legislación tendrá importantes repercusiones tanto para los particulares como para las empresas. Los ciudadanos europeos disfrutarán de una mayor protección en relación con el uso de la IA en su vida cotidiana, mientras que las empresas deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos para evitar sanciones y la pérdida de la confianza del público.
El reglamento no solo pretende mitigar los riesgos de la IA, sino también lograr un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos fundamentales en el desarrollo y uso de la IA. Esta ley no solo afectará a particulares y empresas en Europa, sino que también configurará el desarrollo y la regulación de la IA a nivel mundial.
La Ley Europea de IA tiene como objetivo garantizar la protección de los ciudadanos europeos, establecer estándares éticos para la IA y fomentar su desarrollo fiable, transparente y responsable por parte de las empresas europeas, promoviendo su uso correcto y limitado, reforzando una supervisión humana adecuada y garantizando la trazabilidad y el seguimiento en el uso de los sistemas de IA.
Los puntos clave de esta nueva ley abarcan la protección de los derechos fundamentales, la prohibición del uso de sistemas de IA para la vigilancia masiva o la evaluación de la fiabilidad de los trabajadores, la imposición de obligaciones a las empresas en materia de desarrollo, implantación y uso de sistemas de IA, la regulación de los sistemas generativos de IA en materia de transparencia y cumplimiento de los derechos de autor, y el tratamiento de la utilización de cámaras de identificación biométrica en espacios públicos con fines de seguridad nacional.
Está previsto que la ley europea sobre IA entre en vigor en 2026, con un periodo de aplicación escalonada de 12 meses. Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar hasta el 7% de la facturación anual de una empresa o multas de hasta 35 millones de euros para casos concretos.
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